Crearemos un bloque cívico y
ciudadano que eche su peso de poder en la balanza del poder.
Programa Base del Frente Cívico
Somos Mayoría
El Frente Cívico Somos Mayoría
tiene vocación de cambiar la sociedad en beneficio de esa inmensa mayoría de la
población que soporta la situación a la que nos ha abocado un capitalismo sin
frenos, depredador e inhumano, cada vez más poderoso sin contrapesos viables.
Somos ambiciosos: nos proponemos un cambio de paradigma, para que el poder sea
efectivamente democrático, y lo ejerza la mayoría en beneficio propio, con la
conciencia colectiva que se plasma en los documentos ya creados y aceptados por
las distintas instancias sociales y políticas, incluidos los estados, a los que
esperamos poder obligar a cumplir sus compromisos nominales.
No pretendemos inventar nada:
únicamente que se cumplan los Derechos Humanos, redactados en 1948 y
refrendados por la práctica totalidad de los estados, y a los que se suman la
Carta de la Tierra y la propia Constitución Española vigente desde 1978, que se
esgrime como espantajo para frenar algunas cuestiones pero que se ignora de
manera muy interesada para obviar otras, de marcado carácter social. No podemos
olvidar que nuestra Constitución ha sido violada con una reforma perpetrada con
nocturnidad y alevosía en beneficio de una casta de banqueros y especuladores
que son los auténticos dueños del poder, los de arriba, más allá de que haya un
partido u otro ejerciendo el gobierno.
Por lo tanto, nos proponemos un
programa de 16 puntos, que nos sirva como banderín de enganche de todas
aquellas personas que se sientan afectadas por el actual estado de cosas y que
estén empeñadas en salir adelante, de manera consciente y comprometida. Sabemos
que no va a ser fácil y que las cosas no se hacen solas, que hay que actuar y
que cualquier acción conlleva trabajo, cambio personal y compromiso.
Nuestra propuesta no es un
programa para elecciones. Va mucho más allá. Queremos ofrecer a los distintos
partidos ya constituidos un referente de lo que quiere ese 99% que no tiene el
poder económico, que ve recortados sus derechos día a día y que tiene la
voluntad de ejercer la ciudadanía que nos prometen desde todas las instancias,
nacionales e internacionales a la vez que nos la impiden sistemáticamente.
No somos, y no seremos en ningún
caso, un partido político ni un sindicato. Ejercemos como ciudadanos, y la
persona que se una a nosotros puede –y debe- seguir conservando su militancia
en las organizaciones que considere oportunas. La coherencia interna de cada
persona será la que determine en qué se compromete, y hasta dónde. Como
organización, estamos abiertos al trabajo colectivo y asambleario, pero tenemos
una línea de acción, de manera que no seamos “cualquier cosa que decida
cualquiera en el momento que se le ocurra”.
Existe una línea ideológica, la
que nos conduce hasta una ciudadanía global, hasta una humanidad realmente
fraternal que viva en libertad e igualdad. Sin ideología no se puede dar un
accionar político, y sin él no cambia la sociedad. Como decía el maestro Ferrer
i Guardia, si un campo se deja sin cultivar no aparece un bosque. Se llena de
ortigas y abrojos.
Pero la ideología sin praxis es
estéril y nos lleva a un divagar eterno, que únicamente beneficia a aquellos
que pretenden que todo siga igual. Hay quien se beneficia de las discusiones
eternas tratando de convencer a los demás de que nada se puede hacer hasta que
todo el mundo esté de acuerdo en la acción.
Con los puntos que a continuación
exponemos no se pretende agotar los temas de nuestro trabajo, sino encauzarlos
de manera que todas las personas que nos integramos en el Frente Cívico Somos
Mayoría sepamos hacia dónde vamos y obremos en consecuencia. Sirven para que
podamos explicar de manera sencilla qué es lo que pretendemos, y la ideología
que consiste simplemente en vivir sobre un planeta habitable y que busca la
justicia nos guíe para conseguir unos fines que, como nuestro nombre indica,
beneficien a la inmensa mayoría.
1. Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes
La propuesta de un Salario Mínimo
Interprofesional de 1.000 euros al mes no es una cuestión meramente formal y
para contar con números redondos que se recuerden fácilmente. Es una cifra que
se aproxima al 75% de la media de los países de nuestro entorno, entre los que
los gobernantes que ha habido hasta ahora se empeñan en incluirnos: Luxemburgo
(1610 euros), Irlanda (1.462 euros), Holanda (1.357 euros), Bélgica (1336
euros), Francia (1321 euros), Gran Bretaña (1.148 euros).
Hace unos años, en pleno boom del
ladrillo, se calificaba de mileurista con un cierto desprecio al que vivía en
precario. En la actualidad, la cantidad de mil euros es un salario casi
inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores que engrosan las
listas del paro, estén o no registrados.
Recogiendo las teorías clásicas
del salario, las de David Ricardo, nos encontramos con un salario nominal que
es a todas luces muy escaso, y que no sirve para que vivan con un mínimo de
dignidad las personas que lo cobran. Si tenemos en cuenta el proceso de
endeudamiento personal que se ha dado en los últimos años, básicamente desde
que entramos en el área del euro, y los precios pagados por las hipotecas –los
alquileres no eran mejores, y todo incitaba a la compra de la vivienda- nos
encontramos con una situación de marasmo familiar e individual, que hace
imposible salir de una pobreza que aumenta día a día, incluso en los casos en los
que se tiene un trabajo más o menos estable.
El SIM sirve también para
calcular las pensiones y las distintas prestaciones sociales, por lo que su
elevación redunda en beneficio de los grupos más desprotegidos de la sociedad.
La patronal y sus acólitos se oponen porque los obliga a repensar la
apropiación privada de beneficios que tratan de imponer -con notable éxito
hasta ahora- y obligaría a anular las reformas laborales que nos han ido
dejando sin derechos poco a poco.
Un salario mínimo que cubra las
necesidades básicas de los trabajadores es el primer paso para recuperar la
dignidad y eliminar la miseria del horizonte de todas las personas que se ganan
el sustento con su propio trabajo. Es decir, despeja el porvenir y el presente
de la inmensa mayoría.
2. Ninguna pensión por debajo del
SMI
Una de las prestaciones que están
relacionadas con el SIM es la pensión de jubilación, sobre todo, las no
contributivas. Si la fijación del salario mínimo obedece a que las necesidades
básicas de la población queden cubiertas, la pensión mínima no puede estar por
debajo. Los alimentos, la electricidad o la vivienda valen lo mismo, cualquiera
que sea la edad o la condición social de la persona. Por lo tanto, una sociedad
justa debe proveer las necesidades de todas las personas que ya han rendido un
beneficio –caso de los jubilados- o que no están en disposición de buscarse la
vida mediante un trabajo –caso de los discapacitados.
El sistema de pensiones de la
Seguridad Social que tenemos actualmente en España obliga a que los productores
en activo paguen, mediante sus cotizaciones, las pensiones de los jubilados. No
se trata de un sistema acumulativo similar a los planes de pensiones propuestos
por los bancos –cada persona guarda para el futuro- sino de un sistema solidario,
por el que cada generación de trabajadores y de empresarios –productores son
los dos- se hace cargo de sus pensionistas con la regulación del Estado.
Por lo tanto, el principal
enemigo de las pensiones es el desempleo y la política de reformas de los gobiernos
que permiten que los empresarios se desentiendan de sus obligaciones sociales
para con los trabajadores que una vez estuvieron en activo o de las personas
que, de acuerdo con esos artículos de la Constitución de 1978 que nunca se
mencionan, tienen derecho a la protección del Estado y a que sus necesidades
básicas se vean cubiertas con la debida dignidad que corresponde a su condición
humana.
Las medidas de protección a las
personas dependientes no son graciables, como no lo son tampoco las pensiones,
ya sean contributivas o no contributivas. Además, una política económica
inteligente no busca la depauperación de un colectivo social que es cada vez
más amplio por la propia dinámica demográfica, que lleva a un alargamiento de
la vida a la vez que a la reducción de la natalidad, por lo que las tasas de
dependencia se hacen cada vez mayores.
La crisis económica sirve como
excusa para recortar pensiones hasta límites inhumanos, y la crisis ideológica
en la que nos vemos inmersos nos lleva a escuchar barbaridades como que se está
ampliando hasta límites excesivos e insostenibles la esperanza de vida de los
trabajadores, por lo que hay que aumentar la duración de la vida laboral.
Las pensiones tienen que tratarse
como vinculadas a las reformas laborales que hacen aumentar la pobreza y la
dependencia en grandes capas de la población.
3. Extensión y ampliación de la
prestación por desempleo. Todo lo anterior puede servir también para abordar
con presupuestos concretos la posibilidad de la Renta Básica
De la misma forma que las
pensiones de jubilación, las prestaciones por desempleo no son una medida
graciable. No se deben a la bondad infinita de los gobiernos de turno, sino a
muchos años de lucha obrera combinada con la lucidez de economistas y
gobernantes, que se dieron cuenta en su momento de que hacía falta aumentar el
estado de bienestar de la población para evitarse males mayores, como los
procesos revolucionarios que se produjeron en la URSS.
Vivimos en una economía de
mercado, y no es posible que ésta sobreviva aumentando hasta el infinito el
ejército de reserva que supone –en palabras de Marx- el número de parados, que
estabiliza los salarios para mayor beneficio de los empresarios. A partir de un
cierto punto crítico, los parados se convierten en un lastre que empobrece al
conjunto de la sociedad y genera problemas irresolubles. En el pasado se
pudieron trasladar hacia los imperios coloniales, y de esa manera se aliviaba
la tensión en los países industriales, pero eso ya no es posible.
Evidentemente, tampoco es deseable.
Las luchas obreras consiguieron
que se reconociera el derecho a prestaciones por desempleo y que se permitiera
a las familias trabajadoras tener un mínimo de dignidad de vida mientras se
conseguía un trabajo que les permitiera desenvolverse por sus propios medios.
Para ello se cotiza a la Seguridad Social mientras se está en activo, por el
mismo sistema que las pensiones: los trabajadores y empresarios aportan fondos
para pagar estas prestaciones.
Los enemigos de las prestaciones
por desempleo son, una vez más, las medidas neoliberales que consisten,
básicamente, en abandonar a su suerte a todos aquellos que no resultan útiles
de manera inmediata a los dueños del capital. Un trabajador aterrorizado por un
futuro que se presenta amenazador acepta sin pestañear cualquier situación
laboral, por injusta que sea. Se convierte en un ser dócil y sumiso, que no
reclama nada por miedo a perderlo todo. Las amenazas pueden adoptar formas
diversas: desahucio de una vivienda a medio pagar -que perderá pero tendrá que
seguir pagando- Años de paro sobreviviendo con una miseria de prestaciones por
desempleo, todavía menores como ayuda familiar y que también termina
perdiéndose, sin posibilidades de conseguir una jubilación hasta la
inalcanzable edad laboral de 67 años, pérdida de poder adquisitivo y
desprotección por dejación de funciones de la mayoría de los sindicatos que
debieran protegerlos.
Pedimos que se mantengan las
prestaciones por desempleo hasta tanto sea posible encontrar un puesto de
trabajo digno. Como ninguna persona puede perder el derecho principal, que es
el derecho a la vida, ni la dignidad, el Estado tiene que prevenir los
mecanismos imprescindibles para que exista una renta básica que permita vivir a
todas las personas, independientemente de su historial laboral, dado que no
siempre depende de la propia voluntad. Hasta dónde deba alcanzar la cobertura
de la renta básica, bien sea de inserción o sin más apellidos, habrá que
determinarlo de acuerdo con el devenir de la sociedad. Tenemos debate abierto,
y entre todas las personas que integramos el Frente Cívico deberemos llegar a
un acuerdo para unificar posturas.
Lo urgente, a día de hoy, es
garantizar que la miseria no se lleve por delante la vida y la dignidad de los
más de seis millones de parados que hay y de sus familias. Esto no puede
realizarse sin una serie de medidas que obliguen a que afloren la cantidad de
empleos sumergidos que existen y que se corrijan las situaciones irregulares de
contratación y cotización. Tampoco pueden permanecer las medidas que han tomado
los distintos gobiernos en relación con las reformas laborales que benefician a
los empresarios a costa de hundir a los trabajadores, tanto asalariados como
autónomos, y a los pequeños empresarios que son los que, en el fondo, generan
más puestos de trabajo.
Íntimamente relacionado con este
punto, el siguiente de nuestro programa: no se consigue dinero sin una reforma
fiscal que se dedique a hacer que paguen los que tienen y que persiga el fraude
fiscal, la economía sumergida y las estructuras que la hacen posible.
4. Reforma Fiscal: progresividad,
persecución del fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales.
Revisión de la legislación sobre las Sociedades de Inversión de Capital
Variable (SICAV). Dotar de infraestructuras de todo tipo a la Inspección de
Fiscal de la Hacienda Pública
Ninguno de los puntos
anteriormente expuestos se puede conseguir si no hay un sistema fiscal que
cumpla los dictados de la Constitución, tantas veces citada como violada o
ignorada. El artículo 31 habla de equidad, impuestos de acuerdo con la
capacidad económica, progresividad y utilidad pública. Todo el capítulo 3º del
Título I, “De los principios rectores de la política social y económica”,
recoge en los artículos 39 al 52, las características que estamos reclamando
aquí que se cumplan.
El principio de eficacia, por el
que el Estado es el principal interesado en poner los medios para que se cumpla
el ordenamiento legal, está recogido en el artículo 103. Sin embargo, se ignora
sistemáticamente o se impide el ejercicio de estos aspectos constitucionales
que afectan directamente al bolsillo de los que se perfilan como auténticos
detentadores del poder.
Mientras que se intenta atajar el
pequeño fraude en el cobro de prestaciones o en la facturación del IVA de
pequeñas y medianas empresas, no se hace nada para controlar la hemorragia de
recursos que salen del país vía paraísos fiscales. Ni siquiera la normativa
europea, invocada en todos aquellos casos en los que se trata de imponer recortes
o sacrificios a la inmensa mayoría de la población, se preocupa de atajar la
huida de recursos hacia estos auténticos sumideros.
Se trata también de culpabilizar
a los consumidores por el recurso a la economía sumergida –cobro sin IVA,
chapuzas de supervivencia en una sociedad en crisis galopante- pero no se
persigue el fraude en los contratos por horas, en el trabajo sin ningún tipo de
cobertura legal o en todos los subterfugios de que se vale una patronal sin
escrúpulos para aumentar sus beneficios.
Los propios inspectores de
Hacienda intentan cumplir bien con su función, pero no cuentan con los medios
necesarios. GESTHA ha hecho público un informe en el que se queja de su
precariedad, y alerta de que, si se recuperase el dinero que se ha defraudado por
parte de las grandes fortunas, no habrían sido necesarios los recortes que nos
han afectado a todos y han condenado a la precariedad y a la miseria a una
buena cantidad de personas que, por otra parte, no tienen opción de hacer otra
cosa que cumplir religiosamente con el fisco.
Las SICAV son unos mecanismos,
perfectamente legales pero manifiestamente injustos, por los que las grandes
fortunas pueden tributar cantidades irrisorias, mientras que los trabajadores
con una nómina contribuyen con una parte sustancial de su salario. Un profesor
de secundaria, con el 23% de sus ingresos, por poner un ejemplo.
Por lo tanto, desde el Frente
Cívico pedimos que se haga una reforma fiscal que cumpla con el espíritu y la
letra de la Constitución de 1978. Que se desarrolle convenientemente el título
VII, que habla de la economía y la Hacienda pública como bases del bien común y
que se elimine el artículo 135 reformado, que nos ha puesto a los pies de los
caballos de los mandatos de gobiernos extranjeros.
Para saber más:
5. Banca pública como corolario
de la nacionalización de la banca privada y las cajas de ahorros
La banca ha desempeñado siempre
en el funcionamiento del sistema capitalista un papel central, como
catalizadora del ahorro hacia el crédito. Ese papel elemental se ha ido
transformando con el desarrollo y la globalización financieros en una actividad
desaforada, compleja e hipertrofiada, al punto de que un hundimiento del
sistema bancario de un país lo arrastraría al desastre total. Esa
posición hegemónica y vital es la que han aprovechado los banqueros y los
gobiernos de turno para impedir por todos los medios, sin límites
cuantitativos, cualquier crisis que pudiera poner en peligro la
estabilidad económica, sin perjuicio de que el mundo financiero ha cobrado
tales dimensiones que no siempre ha sido posible evitar graves acontecimientos
y secuelas imponderables, como ocurrió en el 2008 cuando estalló la crisis
financiera internacional con la quiebra del banco norteamericano de inversiones
Lehman Brothers.
En el caso de nuestro país los
compromisos de fondos públicos para salvar la banca deben superar los
200.000 millones de euros, según un listado de ayudas directas e indirectas
enormes y no precisamente claras. El gobierno contribuye a ello, y es así como
alardea de haber salvado a nuestro país del rescate cuando justo el Estado se
endeudó al final de 2012 en el exterior por 40.000 millones de euros para
rescatar al sector bancario.
No es admisible que un sector tan
estratégico como la banca, del que deriva su capacidad para chantajear a la
sociedad, esté en manos privadas. Como todo sector vital para la economía y el
bienestar general la banca debe ser nacionalizada. Pero además si como ha
ocurrido que fondos públicos cuantiosos se han comprometido en salvar al
sector bancario, menos admisible aun es que el Estado no haya tomado posesión
de sus derechos y disponga ya de un importante sector bancario nacionalizado.
Los detalles y la información
sobre las relaciones banca/estado son imprescindibles para desentrañar la
situación financiera de cada institución. Sin embargo esa necesidad para el
proyecto del Frente Cívico se convierte en un argumento más para demandar la
nacionalización de la banca.
El Frente Cívico lucha y reclama
la nacionalización de la banca, para que esa banca pública sea un instrumento
crucial para hacer política económica real, para superar la crisis
económica, impulsar otro modelo productivo, sostener inversiones
estratégicas y dotar de una mayor estabilidad al sistema evitando las
actividades especulativas, depredadoras y abusivas que ha practicado la banca
privada en los últimos tiempo con las consecuencias conocidas. El problema de
los desahucios y él estrangulamiento de las pymes tienen que recibir una
atención singular de una banca pública que se preocupe de los ciudadanos y el
bienestar general en contraposición a una banca privada sólo pendiente de los
beneficios inmediatos y cubierta de los riesgos y desafueros por la protección
de los fondos públicos.
6. Nacionalización de los
sectores estratégicos de la economía. Ley sobre la Obsolescencia Programada
En toda economía existen sectores
estratégicos que son los que determinan el modelo productivo que se pueda
implementar. El neoliberalismo ha supeditado la política a la economía, y
nosotros, desde el Frente Cívico, lo que pedimos es recuperar el control
político de la producción. Proponemos una economía al servicio de las
necesidades de la ciudadanía, y no al revés.
En el punto anterior pedíamos la
nacionalización de la banca, como forma de controlar la fuente de financiación
imprescindible para cualquier actividad, tanto pública como privada o
empresarial. Pero hay otros sectores que son estratégicos para la producción, y
el más importante de ellos es el energético, en todas sus variables. Una
economía dependiente de las ansias especulativas de unos propietarios que ni
siquiera tienen una entidad concreta, a los que se ha venido identificando como
“los mercados”, no puede contribuir a satisfacer las necesidades de las
personas y los colectivos.
Ya tenemos experiencia de lo
sucedido con la privatización de la producción eléctrica, el gas natural y los
combustibles fósiles. Sus intereses promueven guerras y están detrás de
conflictos internacionales que nos comprometen a todos y esquilman el planeta.
El sometimiento a los intereses de las multinacionales energéticas impide el
desarrollo de las energías limpias y sostenibles, y nos aboca a una carrera
desenfrenada.
Un control de la producción de
energía permitiría, también, un desarrollo de políticas de transporte que
primaran los más limpios y efectivos sobre los más contaminantes y menos
eficientes. Permitiría, por ejemplo, potenciar el ferrocarril en los lugares
donde todavía no se ha desmantelado por completo y mejorar las áreas
metropolitanas.
Por otro lado, el sistema capitalista
vigente nos ha abocado a una espiral de consumo que raya lo absurdo. Como una
especie de bicicleta diabólica, debemos seguir pedaleando para seguir
avanzando, aunque nos dirijamos al precipicio. La industria no se sostiene si
no se renuevan los productos, y para ello, deben hacerse de la menor calidad
posible para que sea imprescindible su sustitución. Las nuevas tecnologías
generan más necesidades de las que satisfacen, y provocan un vórtice que se
apoya, además, en una realidad que, no por ser negada reiteradamente, es menos
cierta: la obsolescencia programada. Todos los productos tienen una fecha de
caducidad inexorable que convierte en basura elementos que se nos han hecho
necesarios y que no hay forma de reparar, porque resulta mucho más cara cualquier
reparación que la adquisición de un artilugio nuevo, que además incorpora
alguna modificación que se vende como imprescindible.
Una ley que impidiera la
obsolescencia programada reduciría de manera muy notable la contaminación y las
necesidades de materiales estratégicos como el coltán, que está detrás de la
mayoría de las guerras africanas.
Para saber más:
7. Desarrollo de los contenidos
de los Títulos Preliminar y VII de la Constitución
Hoy la Constitución aprobada en
1978 presenta graves síntomas de agotamiento. El frente cívico aún defendiendo
todos y cada uno de los derechos reconocidos en ella y oponiéndose a ningún
retroceso, ni incumplimiento de estos, plantea la necesidad de un proceso de
profunda revisión constitucional. En particular en su título preliminar y VII.
En el título preliminar el
pueblo definido como sujeto del que emanan los poderes del Estado debe poder
decidir sobre la forma de estado (definido ahora como monarquía parlamentaria,
art 1.3), es el quien debe decidir que territorios componen el estado y cuales
se pueden separar o agregar (limitado en el art. 2), y el Ejercito debe
garantizar la soberanía del territorio del Estado, pero la definición de este
no corresponde al Ejercito sino a la ciudadanía.
Por lo que se refiere al
título VII que regula la Economía y Hacienda el Estado, en una
situación tan crítica como la actual debería desarrollarse las amplias
funciones que la Constitución reconoce en el ámbito de la iniciativa pública en
la actividad económica y la regulación de los monopolios (art. 128); la
participación de la ciudadanía en el control de la seguridad social y la
actividad productiva (art. 129); el estimulo y planificación de la actividad
económica (art. 130 y 131). Por otra parte debería reversión el artículo 135 a
su formulación original. En verano del 2011 de forma urgente y a espaldas de
los ciudadanos, que por supuesto no lo refrendaron, se impuso una modificación
desde poderes no electos nacionales y extranjeros. En esencia, esa alteración
asegura por ley orgánica que el pago la deuda pública pase a ser prioritario,
respecto la cobertura económica de todos los derechos recogidos en la
Constitución. La soberanía reside en el pueblo y sus representantes, no en la
troika ni otros poderes económicos no democráticos.
Para saber más:
Articulado afectado en un sentido
de reivindicación o de reforma de la actual Constitución Española.
Artículo 1.3- La
forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 2- La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.
Artículo 8.1- Las
Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia
de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Artículo 128
1. Toda la riqueza del país en
sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al
interés general.
2. Se reconoce la iniciativa
pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector
público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y
asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés
general.
Artículo 129
1. La ley establecerá las formas
de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de
los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la
vida o al bienestar general.
2. Los poderes públicos
promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.
También establecerán los medios
que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de
producción.
Artículo 130
1. Los poderes públicos atenderán
a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en
particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía,
a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
2. Con el mismo fin, se
dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.
Artículo 131
1. El Estado, mediante ley, podrá
planificar la actividad económica general para atender a las necesidades
colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y
estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
2. El Gobierno elaborará los
proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean
suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración
de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y
económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones
se desarrollarán por ley.
Artículo 135.
1. Todas las Administraciones
Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades
Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes
establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una
Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las
Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las
Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades
Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o
contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los
intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su
pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de
enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de
emisión.
El volumen de deuda pública del
conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior
bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit
estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de
catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia
extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o
social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará
los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en
los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional
entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera.
En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites
de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los
supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de
corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento
para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada
Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de
acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere
este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación
efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
8. Control y democratización de
los canales de distribución y comercialización del sector primario de la
economía a fin de evitar situaciones de oligopolio que inciden negativamente
sobre los precios pagados a los productores y sobre los precios pagados por los
consumidores
Existe un abismo entre los
precios que cobran los productores, sobre todo los agrarios, y los que pagamos
los consumidores y usuarios. En medio crece toda una fauna de intermediarios
cuya principal función es la de especular y hacer subir los precios de forma
artificial y en beneficio propio.
Aunque teóricamente están
prohibidas las actuaciones monopolísticas, la concentración de capitales en
pocas manos hace que los precios se fijen por muy pocos empresarios que generan
una situación de oligopolio y quienes terminan pagando, en todos los sentidos
de la palabra, seamos los consumidores, ciudadanos que no podemos hacer otra
cosa que pagar los precios que se nos ponen.
Para un cambio en el modelo
económico, como ya se ha dicho antes, es imprescindible que haya un cambio en
las redes de distribución. Para ello, el estado debe arbitrar las medidas
necesarias, incluso dando de lado a las tendencias que se nos pretenden imponer
desde ese ente abstracto pero lleno de tentáculos que llamamos mercado, libre
comercio o Unión Europea.
Con toda probabilidad, para poder
implantar este modelo que prime al productor sobre el especulador y en
beneficio del consumidor, habrá que abandonar la Unión Europea, y eso no es
fácil ni a corto plazo, pero hay actuaciones que podemos llevar a cabo los
consumidores en el día a día, como son dar prioridad a los comercios de
proximidad frente a las grandes cadenas, o la compra directa a los productores.
9. Efectiva separación entre las
iglesias y el Estado
No se puede ser un ciudadano
completo si no se separa la esfera más íntima, la de las creencias, de la
esfera pública que impone normas de interés general para regular la
convivencia.
De acuerdo con los artículos 14 y
16 de nuestra constitución, existe un estado aconfesional, pero la práctica diaria nos lleva a la constatación de que hay una subordinación de muchas leyes
a una confesión, la católica, que se privilegia en el último punto del artículo
16 porque es la de la mayoría de los españoles.
Entendemos que la religiosidad es
un asunto privado, que debe ser protegido en tanto que el artículo 18 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos así lo proclama expresamente,
pero precisamente esta libertad de conciencia impide que haya estados confesionales
o que traten de imponer normas basadas en creencias.
Asuntos como los funerales de
estado, las visitas de líderes religiosos que no son tratados por igual, los
gestos de sumisión de representantes públicos ante líderes religiosos que hemos
tenido ocasión de ver en todos los medios de comunicación, la enseñanza de la
religión -ya sea la católica o cualquier otra- en el ámbito escolar, la
supeditación de la vida pública a las expresiones religiosas, y un largo
etcétera, deben regularse de forma que, sin que suponga persecución o negación
objetiva hacia ninguna confesión, no interfiera en las creencias de los demás,
sean éstas las que fueren.
Pedimos un exquisito respeto
hacia todas las creencias, pero siempre haciéndolas compatibles con el respeto
a los derechos humanos y a la libertad individual, que se puede manifestar
también con la no-creencia en ninguna religión.
El primer paso, evidentemente,
debe ser la denuncia del Concordato con el estado Vaticano, seguido de las
medidas necesarias para que la sociedad sea laica: medidas fiscales, separación
entre el patrimonio cultural nacional y el propio de cada confesión, medidas
educativas, etc.
Para saber más:
10. Reforma del Sistema Electoral
en el sentido de implantar otro proporcional, con las CCAA como circunscripción
y un colegio nacional de restos
Tanta legitimidad como pretenden
tener PP y PSOE, caso del artículo 135 de la constitución o la abdicación de
Juan Carlos, se asienta en unas leyes electorales fundamentalmente
antidemocráticas, de las que esos partidos son los más beneficiados, según un diseño
consciente para fortalecer el bipartidismo que ha regido la vida política
española desde la transición. Para el Frente Cívico, cuanto más estricta
sea la proporcionalidad de las leyes electorales, más justo y democrático es el
sistema. Por tanto, reclama una reforma del sistema electoral que corrija las
deformaciones del actual y se aproxime a la proporcionalidad tanto como sea
posible.
Complemento indispensable a un
sistema electoral más justo es la necesaria ley de financiación de los partidos
que evite tanta discriminación entre ellos, por no referirse a los abusos
y corrupciones como se han cometido por parte de los dos partidos citados.
La concreción y casuística de
cómo lograr estos objetivos puede quedar abierta, pero no por ello sobran algunas
indicaciones básicas como propuestas del Frente Cívico, como el
aumento del número de diputados, mayor peso a la población en la
asignación provincial, eliminación de la Ley de D´Hont, consideración las
Comunidades Autónomas como ámbito electoral, acumulación de restos, etc.
La cuestión de cómo mejorar el
sistema electoral suscita muchos temas, como la composición de listas, carácter
de estas (abiertas, cerradas), derechos inalienables de los representantes
elegidos, revocabilidad, compromisos con el programa, el ya mencionado de
la financiación. El Frente Cívico se compromete moralmente a respaldar todas
aquellas propuestas que permitan avanzar en la democratización del país e
impulsar la participación ciudadana.
11. Desahucios y vivienda
El derecho a una vivienda digna
está recogido en el artículo 47 de la Constitución, donde también se reconoce
la primacía del fin social de la propiedad sobre las finalidades particulares y
exclusivamente de lucro. Por lo tanto, los poderes públicos deben ser garantía
de que no haya personas sin vivienda o que puedan ser expulsadas de las que
ocupan.
La política estatal condujo a una
burbuja inmobiliaria, que potenció la especulación de los bancos y la subida
exagerada de los precios de las viviendas, en beneficio de unas cuantas grandes
empresas. Las investigaciones posteriores han demostrado hasta qué punto está
imbricada la corrupción política con las malas prácticas de las constructoras y
de los bancos que dieron créditos de manera irresponsable. Ahora les toca pagar
esos desaguisados a personas que se ven sin trabajo, sin posibilidades de pagar
unas hipotecas demenciales y con deudas a perpetuidad, incluso después de haber
perdido la vivienda.
Desde el Frente Cívico pedimos
una política de vivienda que recupere para uso público las que ya están
construidas, con alquileres sociales y opción a compra, para que no haya
personas que se vean sin un techo que las cobije mientras hay miles de
viviendas que ni se han vendido ni se podrán vender en muchos años.
Pedimos que se acaben de manera
inmediata los desahucios de personas de viviendas propiedad de bancos que ni
siquiera van a poder seguir negociando con ellas, y que se adopten políticas
positivas de vivienda y de ordenación del suelo que acaben con la especulación
de un bien al que se tiene derecho por la constitución. Apuntamos como salida
posible los alquileres sociales de viviendas que se adquieran por las distintas
instancias públicas, de manera que exista un parque de viviendas dignas en
alquiler que actúe como regulador de los precios de mercado.
Para saber más:
12. Europa: Unión Europea, Banca
y Euro. Es necesaria la recuperación de la soberanía nacional
La desoladora crisis económica
que padece nuestro país está originada en gran medida por las
consecuencias de la incorporación al euro. El proyecto de la moneda única, por
vincular a países muy desiguales económicamente, por sus rigideces, como hacer
desaparecer la moneda propia y, por tanto el tipo de cambio, e implantar una
política monetaria general para un conjunto de países y circunstancias muy
diversos, por sus carencias, como la ausencia de una fiscalidad común,
desencadenó desequilibrios exteriores muy profundos entre los países, y
promovió, en consecuencia, situaciones de endeudamiento insostenible para
las economías más débiles, como es el caso de la española.
Simultáneamente a este desarrollo
hay que poner de manifiesto que todo el proceso de integración europea ha
significado una cesión de las soberanías nacionales a las instancias europeas
en cuanto a instrumentos y recursos de la política económica, sin el
traspaso consecuente de la responsabilidad de esas instancias para afrontar los
problemas de las sociedades que históricamente cubrían los Estados. Y es así
como se anuló las políticas arancelarias, de control de capitales, de
industrias nacionalizadas, y ya, con la implantación del
euro, de la política monetaria, la política cambiaria y la política
fiscal, sometida a las restricciones del Pacto de estabilidad y la
imposibilidad de los estados de recurrir directamente al Banco Central europeo
para financiarse.
La situación resultante es que no
sólo hay una crisis pavorosa en muchos países, incluido el nuestro, sino que
los gobiernos están inermes para resolverla y amortiguar sus consecuencias. Si
además se añade que en el marco del euro, como está suficientemente demostrado,
no cabe la más mínima política progresista, sino que todo impulsa y favorece la
aplicación de ajustes, recortes y austeridad, un programa de un proyecto como
el que representa el Frente Cívico, de reducir las desigualdad y de
procurar el bienestar general es incompatible con la moneda única.
En una formulación en positivo,
el Frente Cívico reivindica la recuperación de la soberanía económica y
monetaria para hacer posible ejecutar una política que tenga como
objetivos superar la crisis, y combatir las desigualdades, la miseria, la
marginación y el desmantelamiento de los servicios públicos. Proporcionar a la
población, en última instancia, bienestar, protección y
seguridad.
13. La participación ciudadana en
todos los niveles de la Administración (local, autonómica y estatal)
La administración del Estado se
compone de diversos niveles (local, autonómica y estatal). El Frente Cívico
considera esencial una distribución de competencias que asegure la máxima
cercanía técnicamente posible a la participación ciudadana, recogiendo el
principio de subsidiaridad. A la vez exigimos que esta distribución permita al
mismo tiempo, la igualdad de derechos y deberes básicos entre los ciudadanos.
En este sentido se entiende que el entramado institucional de nuestro país
debería articularse de forma que:
Aquellos aspectos que para
asegurar la igualdad de la ciudadanía deben ejercerse al nivel más alto, se
ejercieran por el Estado. Se trata de competencias como la presión fiscal, la
regulación básica del trabajo, la igualdad de derechos en sanidad, pensiones,
etc. Con ello se trataría de evitar las presiones que los lobbies ejercen
sobre las administraciones públicas para erosionar derechos enfrentándolas unas
contra otras.
Aquellos aspectos que pueden
concretarse de manera cercana a los ciudadanos y aquellos aspectos de gestión y
supervisión en que la ciudadanía puede participar de manera próxima en su
aplicación deben devolverse a los municipios o entidades más cercanas a la
ciudadanía. Se trata de competencias como la supervisión de la ejecución de los
presupuestos, el control de la obra pública, las decisiones de ámbito local,
etc.
La distribución de competencias
entre niveles de la administración debe ser clara y sin interpretaciones
ambiguas, terminando con la constante intromisión del Tribunal Constitucional
en la vida política del país. Deben suprimirse niveles redundantes o ocultos al
control de la ciudadanía como las Diputaciones.
Los partidos deben dejar de ser
los representantes únicos de la ciudadanía. Es la ciudadanía quien debe decidir
cómo se organiza y quiere ser representada mediante formas que pueden incluir
organizaciones sociales, sindicales, plataformas, coaliciones, etc. En
cualquier caso el Estado debe supervisar la calidad democrática y la transparencia
económica de cualquier forma de representación y organización ciudadana,
dotándose de mecanismos adecuados para acabar con la corrupción, persiguiendo
tanto al corrupto como al corruptor.
Para saber más:
Alberich, T. (2004): GUÍA FÁCIL
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Dykinson S.L.
CAPELLA,J.R. (1993) Los
ciudadanos siervos. Madrid: Ed. Trotta.
GAMBIER, Beltrán, “La acción de
amparo en defensa del principio de legalidad y del interés público: un
replanteo en torno a la legitimación de los ciudadanos”, trabajo publicado en
la Revista Jurídica de la Federación Interamericana de Abogados, www.iaba.org,
volumen 1, (2005)
LACLAU,E. MOUFFE,Ch. (1985) Hegemony and
socialist strategy: Toward a Radical Democratic Politics. London: Verso.
RUBIO CARRACEDO,J. (1990) ¿Democracia
o Representación? Poder y Legitimidad en Rousseau. Madrid: Centro Estudios
Constitucionales.
UNGER R.M. (1998) Democracy
Realized: The Progressive Alternative. London:Verso
Fernando Salvatierra (2013)
Macabro imperio
14. La lucha contra la deuda como
mecanismo coercitivo utilizado contra los pueblos de todo el mundo
El discurso dominante es que
estamos en crisis y no existe otro modo de salir de ella que el de recortar y
continuar recortando los presupuestos del Estado destinados a fines sociales.
El problema es el alto nivel de endeudamiento del Estado español. Nuestra
reciente reforma exprés de la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30 de
agosto de 2011, se fundamenta en esta consigna que los medios no cesan de mantener.
Han conseguido prohibir la
negociación o repudio de la Deuda Exterior. Así el dinero de nuestros impuestos
no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales sino al pago de
la deuda. Una deuda de la que nos hacen responsables directos y nos obligan a
saldar. Una deuda que obliga a recortar nuestros servicios públicos y que nos
condenará al mayor de los desamparos sociales.
Nosotros proponemos revertir esta
argumentación planteando la necesidad de auditar el origen de la Deuda para determinar
su legitimidad. Porque en realidad la mayor parte d ella Deuda se originó en el
periodo 2007-2009, cuando los gobiernos pasaron a rescatar a los financieros
privados ya sea del sector inmobiliario o la banca. Al primero se le otorgaron
20.000 millones de euros en los primeros compases de la crisis. A la
banca se aportaron ayudas por parte de las arcas públicas que, en el caso
del Estado español, ascendió a 141.000 millones de euros. El Gobierno, no
instauró impuestos para contrarrestar este gasto en su balance, sino que
recurrió al endeudamiento.
El galopante aumento del
desempleo con el consecuente aumento en el pago de prestaciones y bajada en la
recaudación del IRPF, el aumento del gasto público para afrontar la crisis y el
aumento de la carga del pago de la deuda por refinanciación contribuyó a que se
pasase de una situación de superávit fiscal del 1’9% del PIB en 2007 a un
déficit del 11’1% a finales de 2009.
En la actualidad, a nivel
mundial, la deuda agregada es de 158 billones de dólares (2 veces el PIB
mundial, es decir, 2 veces la riqueza que se genera a nivel mundial). De esta
deuda, el 25% es pública y el 75% privada. La deuda total de los países en
desarrollo, incluyendo a China y Rusia, es el 1% de la deuda total mundial, lo
que implica que el problema lo tienen EEUU, Europa y Japón.
No habrá recuperación ni
económica, ni social, si seguimos en la espiral del endeudamiento que es
empleado para exigir un proceso de privatización del patrimonio público
(recursos, estructuras, hospitales, tierras, etc.). La salida a esta situación
pasa por:
a) bloquear el pago de la deuda
externa
c) auditar su legitimidad, hoy no
se sabe ni quiénes son los acreedores de nuestra deuda
c) establecer un proceso de
renegociación, un plan de retorno de plazos e intereses y una decisión de
repudio de aquella parte que se considere ilegitima por su origen, por la forma
en que se estableció o por haber sido ya pagada a en forma de rescates,
exenciones o compensaciones ocultas al público.
Para saber más:
Antonio Sanabria y Bibiana Medialdea.
Precariedad y Cohesión Social, Fundación FOESSA y Cáritas
Iolanda Fresnillo, La
Deudocracia como Amenaza Global
Plataforma Auditoría Ciudadana de
la Deuda (PACD) http://auditoriaciudadana.net
15.- La defensa de los sectores
públicos: sanidad, educación, justicia, servicios sociales…como garantes de una
sociedad más justa e igualitaria, con igualdad de oportunidades más efectiva
El estado del bienestar no se nos
dio gracias a la bondad infinita de nuestros gobernantes, sino que ha sido el
producto de años de lucha obrera por mejorar las condiciones de vida de los
sectores productivos de la sociedad.
La historia del Movimiento Obrero
es la historia de la lucha por mejorar la vida de los trabajadores, la inmensa
mayoría de la población, y de conseguir salir del marasmo en el que estaban
recluidas por obra y gracia de una burguesía salvaje que busca, antes y ahora,
el beneficio por encima de todas las cosas y tiene como único dios y meta al
dinero.
Fue el miedo a las revoluciones
que se empezaron a dar en Europa tras la bolchevique de 1917 lo que impulsó las
mejoras sociales que estaban empezando a conseguir algunos trabajadores con su
propio esfuerzo. Las sociedades de socorros mutuos son el germen de una
asistencia sanitaria básica y un plato de comida en caso de desempleo, y las
escuelas nocturnas hicieron que los obreros conscientes –anarquistas sobre
todo, pero también socialistas y comunistas- vieran en la educación un posible
elemento de movilidad social. Para todo esto hizo falta que los obreros se
organizaran, que crearan centros de reuniones y actividades en los que se
dejaban un tanto de lado las disquisiciones filosóficas de los dirigentes para
aterrizar en solucionar problemas concretos. Esa capacidad de trascender lo
accesorio para ir a lo realmente importante es lo que debemos heredar de estos
obreros olvidados, porque fue lo que los hizo formidables y obligó a reaccionar
a los gobiernos del momento.
Ninguno de estos logros se puede
medir con criterios de rentabilidad puramente mercantilista. La educación no
produce, pero una población analfabeta, inculta, sin criterio, no se puede
integrar en una sociedad moderna. Igual cabría decir de la sanidad: los
hospitales, la atención primaria a las familias, no producen nada, pero son
imprescindibles para mantener un nivel de bienestar en la población, una
seguridad en que sus vidas, primero y principal de los bienes, cuentan con la
necesaria protección, tal como se recoge en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Constitución. Unos servicios sociales que no se ocupen
de la población que tenga peores niveles de protección, bien por edad, por
enfermedad o por cualquier otra causa, generan una indefensión en la inmensa
mayoría de las personas, que se enfrentan a los peores momentos con miedo e
incertidumbre.
Por otro lado, la justicia igual
para todos es uno de los pilares del estado. Los poderes reconocidos desde
tiempos de la Ilustración hacen de la justicia la garantía de que los ciudadanos
sean efectivamente ciudadanos y no súbditos. Por lo tanto, convertir el acceso
a los tribunales en un lujo supone uno de los atentados más flagrantes contra
cualquier modelo de estado que se quiera llamar democrático.
Pedimos que se mantengan y se
mejoren los servicios que el estado presta a los ciudadanos a cambio de unos
impuestos que ya hemos considerado como imprescindibles para redistribuir la
riqueza y conseguir que los seres humanos de cualquier origen y condición vivan
con la misma dignidad, en tanto que seres humanos, y no sean tratados y
clasificados en función de origen, renta o cualquier otro sistema que se
quiera. Es decir, exigimos que se cumpla la legislación vigente, recogida en la
Constitución de 1978, artículos 49, 50 y 51, y en el título VI, Del Poder
Judicial, especialmente en su artículo 119.
El Frente Cívico actuará en
consonancia con las diferentes organizaciones ciudadanas que se propongan unos
fines compatibles con el ideario que asumimos, buscando siempre la amplitud de
la acción.
16. Límites ecológicos a nuestro
sistema de vida: crisis energética y ecológica. Procesos de transformación
personales y colectivos
Vivimos en un mundo finito, con
recursos limitados y en el que los seres humanos, como animales de un
ecosistema, somos interdependientes unos de otros y de los demás elementos que
forman todo el ecosistema. No podemos vivir esquilmando nuestros recursos, de
cualquier tipo, y envenenando el biotopo que nos acoge.
El capitalismo impone un
crecimiento continuado, sin tener en cuenta este hecho incontestable, y con
ello condena a la miseria a una buena parte de la humanidad. Por lo tanto, y
partiendo de la base de que lo que sea de cada uno de los seres humanos será el
destino de la humanidad al completo, se nos impone un proceso de transformación
personal y colectivo que dé origen a una nueva sociedad, que nos permita
sobrevivir.
El compromiso que se adquiere con
el cambio no puede ser únicamente de carácter político. Debe ser, ante todo,
una modificación de nuestros hábitos más personales y cotidianos, porque la
sociedad está formada por individuos, y no se puede transformar si sus
elementos siguen comportándose de la misma manera. Cada persona tiene una cuota
de responsabilidad en los cambios, que debe valorar y asumir en la medida de
sus posibilidades. Cualquier fundamentalismo, cualquier exageración, son malos
porque excluyen a muchas personas, y partimos de la idea inicial de buscar la
suma, y no la división. Pero el no-hacer, en aspectos que comprometen la propia
supervivencia, es sencillamente suicida. Como especie, y también como
individuos.
Debemos abordar cuestiones tales
como la soberanía alimentaria, que tiene una enorme incidencia en
el desarrollo de la agricultura local, generadora de mano de obra y que
contribuye a la eliminación de la desnutrición a escala planetaria –pero
también local, como está poniendo de manifiesto la crisis en la que vivimos- y
a la conservación de la biodiversidad.
Relacionada con la soberanía
alimentaria, la conservación de especies cultivadas locales sirve para mantener
en la superficie de la Tierra plantas que se han adaptado a las características
de los suelos y a las plagas de cada rincón del planeta, lo que permite
desarrollar una agricultura respetuosa con el medio ambiente, eliminar
contaminación química que envenena los acuíferos y los mares y empobrece al
campesinado mientras alimenta la dependencia hacia las grandes multinacionales
que han propiciado la llamada “Revolución Verde”.
Por otra parte, como consumidores
debemos comprometernos con los alimentos de proximidad y de temporada. Si la
propuesta del punto 8 pasa por el control de los intermediarios y que los beneficios
de la producción vayan a los productores, y también hemos hecho referencia al
comercio justo, nuestro compromiso para hacer posible esos cambios pasa,
necesariamente, por abandonar malos hábitos, irresponsables desde un punto de
vista ecológico, como son el consumo de verduras y frutas frescas fuera de
temporada y producidas a miles de kilómetros de distancia. Si partimos de la
base de que lo que no es negocio, simplemente no se hace, la responsabilidad de
los consumidores se debe manifestar en la contribución a que no sea negocio
traer ciruelas desde Chile a España, o consumir uvas sudafricanas en el mes de
marzo. Obligaremos a ahorrar combustible y contaminación, y estaremos
permitiendo que buenas tierras se dediquen a la producción de alimentos básicos
para los habitantes de los lugares donde se producen. Eso es mucho más efectivo
que cualquier trabajo de colaboración con la mejor de las ONG.
La crisis energética ocupa
páginas de los periódicos y provoca quebraderos de cabeza a sesudos economistas
y a todos los ciudadanos que tenemos que hacer frente a pagos importantes por
este concepto. Ya planteamos en el punto 6 que es necesario nacionalizar la
producción y potenciar las energías limpias y renovables, pero aquí estamos
planteando que eso no tiene demasiado sentido si no hacemos un uso más racional
de la energía que se produzca.
No se trata de volver a las
cavernas, ni renunciar a ninguno de los logros que han puesto a nuestro alcance
los avances tecnológicos, sino de utilizarlos en beneficio propio, no de las
multinacionales. Debemos hacer un ejercicio de responsabilidad, analizando
nuestras necesidades, y no las necesidades de vender y aumentar los balances de
beneficios que las distintas multinacionales de la energía disfrazan de
progreso y bienestar a través de las campañas publicitarias. En resumidas
cuentas, tomar las riendas de nuestra vida y actuar en consecuencia, con todos
los medios a nuestro alcance, y partiendo de la base de la sensatez, el sentido
común y el conocimiento de las consecuencias de nuestros actos. Es la única
manera de actuar libremente y como ciudadanos conscientes.
Para saber más: